“Con nombre y apellidos”. María Emilia Casas

Es la Presidenta del Tribunal Constitucional y pieza clave de la trama de género, por ser la que bloquea cualquier intento de protección constitucional de los ciudadanos contra las bochornosas leyes discriminatorias de género. Lidera a los auto-denominados “progres” dentro del Tribunal y son mayoría, por lo cual está asegurada la constitucionalidad de cualquier aberración que provenga del ejecutivo. Cualquier padre que acuda en amparo por la inconstitucionalidad manifiesta de la aplicación de la Ley Integral de Género o de la Ley de Divorcio, lo tiene crudo. Sin embargo, la mamá Dolores Martín Pozo, investigada y posteriormente detenida como inductora de la muerte de su ex-marido Miguel Ángel Salgado Pimentel, conversó libremente y sin obstáculo con la Presidenta del Tribunal Constitucional, quien se puso a su disposición para que le avisara en caso de ir en amparo y le aconsejó contactar con “ciertas” abogadas especializadas y muy “eficientes”. Todo esto aconsejando a una presunta asesina. Un escándalo de discriminación y corrupción en el seno de la propia Institución, que es la que debiera velar por la legalidad constitucional.

Ya apuntaba maneras en su trabajo de 1999 “Mujeres trabajadoras y Derecho: Una perspectiva sociojurídica” (¿A qué suena esto de perspectiva?), donde decía: “La propia evolución de la concepción de igualdad y nodiscriminación en nuestro Derecho, impulsada por el Tribunal Constitucional y el Derecho comunitario, abre nuevas posibilidades a la detección de discriminaciones y a la búsqueda de una mayor integración entre la igualdad formal y la efectiva o real.” ¿Qué ha pasado después? Pues que esta misma señora increíblemente no detectó discriminación alguna en la cuestión de inconstitucionalidad en la Ley Integral de Género y de haberla, para ella tal discriminación es “positiva”, al contrario de lo que dijo en su propio trabajo años antes. Ella y sus compañeros progres, llegan a decir que la mujer ha sufrido históricamente un desvalor en sus derechos (lo cual es cierto) y por eso, sólo por eso, ahora es motivo suficiente para inclinar la balanza de la justicia en contra de los hombres, para compensarlas ahora a ellas. Los votos opuestos de los demás magistrados, revelaron toda la trama de género.

Con ese mismo absurdo razonamiento, hagamos leyes “integrales” a favor de gitanos y negros, tradicionalmente discriminados, para que en caso de que se peleen contra algún payo, pueda aplicársele a éste mayor pena y el negro o gitano sólo con su versión de los hechos, lo pueda mandar a la cárcel y así compensarles por los sufrimientos padecidos en el pasado. Este absurdo es la Ley Integral de Género y así se está aplicando, con el sexo como diferenciador.

Doña Mª Emilia Casas Bahamonde asumió la Presidencia del TC en circunstancias más irregulares que la de Bush y los votos de Florida, pues en junio del 2004 y dos meses después de la toma de posesión del Gobierno, el Tribunal Constitucional fue, por imperativo legal, renovado parcialmente.

A propuesta del nuevo Gobierno se incorporaron dos Magistrados y a propuesta del CGPJ se incorporaron otros dos. En esa misma época se procedía a la renovación de la Presidencia del mismo Tribunal, pues uno de los Magistrados renovados era su anterior Presidente, Don Jiménez de Parga.
Lo previsto, descontado y acordado era que fuera nombrado Presidente a Don Vicente Conde Martín de Hijas, que era el magistrado de mayor edad, y como Vicepresidenta a Doña Mª Emilia Casas Bahamonde.

La normativa del TC establece que, en caso de empate, resuelve el voto de calidad el Magistrado que ejerce la presidencia.
Se realizó la votación y tal como estaba previsto surge el empate entre las dos candidaturas. Luego, al aplicar la norma y por el voto de calidad, la Presidencia recayó en Vicente Martín de Hijas.

Pero hete aquí que se solicita realizar una nueva votación y… ¡Oh, sorpresa!… Por otra CASUALIDAD inexplicable más, uno de los Magistrados cambia de forma imprevista el sentido de su voto y se rompe el empate a favor de Mª Emilia Casas, nombrándosela Presidenta del TC. Poco importaba que ella proceda de la rama de los Tribunales de “lo Social”, motivo por el que se la consideraba la menos idónea para el cargo de Presidenta: la maquinaria de género había funcionado y los maletines de dinero público ya estaban circulando.

Posteriormente, el gobierno logró prorrogarla en el cargo como premio a sus servicios, modificando a las bravas y con dos ovarios, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Sus peleas con el Poder Judicial ordinario, las disensiones políticas entre los magistrados ante los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatuto catalán y las recusaciones contra ella misma por haber sido descubierto recientemente que su marido colaboró como asesor en ese mismo proyecto, todo ello confirman la corrupción y el trato de favor intolerables en una institución clave del estado de derecho.

Dice “Diario Crítico” (noticia):

A tortas por el ‘decretazo’

Pero, ¿qué tiene María Emilia Casas para que el Gobierno la quiera mantener a toda costa y la oposición la quiera eliminar como sea? La respuesta, parece evidente: lo más importante de la labor legislativa de Zapatero está sometido a estudio en el Constitucional.

El 24 de mayo de 2007 quedaba aprobada la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por la que el Gobierno socialista evitaba que la presidenta, María Emilia Casas, del sector progresista y con voto de calidad por tal cargo, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez, del sector moderado, tuvieran que ser renovados in extremis al haber cumplido su mandato. Se mantenía así el status quo: mayoría progresista –y presidida por Casas- para todo lo que tenía que venir después –recursos de inconstitucionalidad de violencia de género, Estatutos de Valencia y Cataluña, matrimonios gays…-.

El primer objetivo de la derecha era desactivar esa reforma de la LOTC interponiendo, precisamente, una cuestión de inconstitucionalidad. Pero vinieron los ‘palos’ de aviso al sector conservador: el tribunal desestimó –el 9 de abril pasado- con el apoyo de cinco magistrados y el voto en contra de los tres restantes el recurso interpuesto por el PP contra la LOTC, uno de cuyos puntos establece la renovación automática de María Emilia Casas mientras siga siendo magistrada de este órgano.

La primera, en el pecho; pero la segunda, en la frente: el Pleno del Tribunal Constitucional avaló el pasado 14 de mayo La Ley Integral de Medidas contra Violencia de Género al rechazar, con siete votos frente a cinco, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la juez de lo Penal número 4 de Murcia. Los magistrados que votaron en contra de la propuesta pertenecían todos al denominado ‘bloque conservador’ y fueron Roberto García-Calvo(hoy fallecido), Vicente CondeJavier DelgadoJorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez-Arribas, que anunciaron votos particulares.

Parece claro, pues, por donde van los tiros.

Y en eso fallece García Calvo

Para enrarecer aún más el ambiente, el pasado 18 de mayo falleció en extrañas circunstancias Roberto García-Calvo, un puntal entre los magistrados conservadores, y el que ‘garantizaba’ que el Estatut de Cataluña no iba a salir muy bien librado, dado que previamente había sido recusado el también magistrado Pablo Pérez Tremps, de la mayoría progresista.

Inmediatamente surgieron los fantasmas: se empezó a decir que García-Calvo había sido sometido a seguimientos por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se llegó a dudar de que falleciera de forma natural.

En cualquier caso, el Constitucional se quedaba con un magistrado menos, pero que sustentaba las tesis conservadores y ponía en ‘peligro’ el Estatut de Rodríguez Zapatero. ¿A quién beneficiaría hoy que dimitiera Casas? Es la pregunta del millón, incluso reconociendo que María Emilia Casas ha pecado de‘pardilla’.

De http://www.femilistas.com

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